Microsoft bloqueó al ejército de Israel el acceso a parte de su tecnología en la nube porque descubrió que la Unidad 8200 usaba Azure para vigilar comunicaciones palestinas. La decisión se anunció en septiembre de 2025, después de que The Guardian revelara un programa de vigilancia masiva que almacenaba hasta un millón de llamadas por hora en servidores de Países Bajos.
¿Cómo se destapó todo?
La investigación periodística mostró que el sistema israelí permitía interceptar y analizar de forma indiscriminada las conversaciones de civiles. De hecho, esta práctica violaba los términos de servicio de Microsoft, que prohíben la vigilancia masiva.
Además, las filtraciones generaron indignación dentro y fuera de la compañía. El colectivo No Azure for Genocide, conformado por empleados y exempleados, organizó protestas en la sede de Microsoft y frente a las casas de Satya Nadella, CEO, y Brad Smith, presidente. Como consecuencia, los directivos se vieron presionados a actuar.
En un correo interno, Smith fue claro: “No proporcionamos tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles. Hemos aplicado este principio en todos los países del mundo durante más de dos décadas”.
Sin embargo, Microsoft aclaró que sus servicios de ciberseguridad a gobiernos en la región no se verán afectados, lo que significa que el bloqueo se centra solo en las herramientas de nube e inteligencia artificial vinculadas al programa de espionaje.
El anuncio ocurre en un momento crítico. Ya que la ONU concluyó recientemente que Israel comete actos de genocidio en Gaza, la presión internacional sobre empresas tecnológicas se intensifica. Inclusive fuentes citadas por The Guardian aseguran que Israel prepara una migración de datos a Amazon Web Services (AWS), lo que implica que la vigilancia podría continuar en otra plataforma.
¿Es un antes y un después?
Microsoft trazó una línea roja inédita. Es la primera big tech de EE. UU. que corta servicios al ejército israelí en plena guerra de Gaza. En resumen, la medida no resuelve el problema, pero muestra que las grandes tecnológicas también pueden poner límites cuando sus productos se usan para violar derechos humanos.
