El Cuarto Juzgado Civil de Piura reprogramó la audiencia única contra Mark Zuckerberg para el 10 de septiembre de 2026. La demanda de amparo se presentó en 2022. El caso nació en 2021, cuando Facebook suspendió la cuenta del abogado Juan Mejía Seminario por un post sobre el origen del COVID-19. Mejía sostiene que la suspensión violó su libertad de expresión. La audiencia será virtual, por Google Meet, y la dirigirá el juez Iván Cueva Cortez.
¿Qué pasó con la cuenta de Facebook?
La demanda, registrada en el expediente N.° 00900-2021-0-2001-JR-CI-04, quedó paralizada por más de dos años después de que en 2022 se programara una audiencia virtual que no llegó a realizarse. De nuevo, mediante la Resolución N.° 13, el Poder Judicial reactivó el proceso y fijó una nueva fecha para la diligencia. Además, el juzgado ordenó que se gestione la notificación de Zuckerberg por vía diplomática y que se incorpore un traductor de inglés durante la audiencia para garantizar el debido proceso.
El abogado Mejía Seminario sostiene que su suspensión fue arbitraria, ya que compartió un análisis atribuido al premio Nobel Luc Montagnier, en el que se planteaba la hipótesis de que el virus SARS-CoV-2 pudo haber sido creado en un laboratorio. En su demanda, solicita la restitución de su cuenta y una reparación civil de 300,000 dólares, argumentando que Facebook, aunque es una empresa privada, no puede restringir derechos fundamentales en espacios digitales que funcionan como foros de expresión masiva.
Hasta el momento, el Poder Judicial no ha confirmado si Meta enviará representantes legales ni si el propio Zuckerberg participará en la audiencia. Sin embargo, el caso se perfila como un posible precedente en Perú sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la moderación de contenidos y el respeto de los derechos digitales.
¿Qué puede cambiar este caso?
Este caso no solo pone a prueba el poder de una de las plataformas más influyentes del mundo, sino que también cuestiona quién decide qué opiniones pueden existir en el espacio público digital. Si el sistema judicial peruano termina reconociendo la vulneración de derechos, podría obligar a las grandes tecnológicas a asumir que sus reglas internas no están por encima de la democracia. Y, mientras tanto, la audiencia de 2026 será un recordatorio de que la libertad de expresión en internet no debe depender de un algoritmo.
